El conflicto inició el 15 de febrero en la agencia informativa Radio Latina 5.0 dirigida por Raúl Ventura Ortiz, quien entrevistó a Silvano Aureoles, gobernador del estado, después de una reunión con migrantes en Chicago.
Ventura Ortiz hizo duros cuestionamientos en materia de seguridad, lo que incomodó al gobernador, quien terminó tajantemente la entrevista, no sin antes recriminar el actuar de Ventura Ortiz: Muchas de las opiniones que tú tienes es porque has entrevistado (a las autodefensas) y las he escuchado. Has entrevistado a delincuentes, a las autodefensas, yo las di de baja. Infórmate bien Raúl, infórmate bien, andas entrevistando a delincuentes y son tus fuentes. A mí no me hables sin conocimiento de causa.
El suceso fue retomado por Jairo Cerriteño, en su espacio informativo Así Es la Noticia — y en el portal Monitor Expreso—, donde tuvo de invitado a Raúl Ventura Ortiz. Retomaron la conversación fallida y la poca tolerancia que mostró al gobernador no sólo a las preguntas, sino a la libertad periodística y la necesidad de conocer todas las partes en los conflictos sociales que vive un estado como Michoacán.
Cerriteño también hizo del conocimiento público una llamada de Julieta López — coordinadora de Comunicación Social del Gobierno— solicitando prudencia en el “manejo de la nota”, evidenciando el interés de suavizar el acontecimiento para no afectar la imagen del gobernador. Incluso, en la llamada Cerriteño le pregunta a López si hay posibilidad de tener la versión de Aureoles a través de un comunicado o una entrevista. Ella responde que el conflicto “no da para eso”.
El programa fue suspendido al día siguiente. La cancelación la dio a conocer el mismo Jairo Cerriteño a través de una carta a los medios, en los que señala que el gobierno está incurriendo en acto de censura y la violación del Artículo 19.
Julieta López ha respondido que en ningún momento el gobierno ha buscado censurar a nadie y que no tienen que ver con la cancelación. Además, señaló como ilegal la grabación de una llamada telefónica sin el consentimiento de la otra persona.
Pero no se trata de un conflicto que sólo compete a locutores y autoridades gubernamentales. También a los concesionarios. Cerriteño señaló que en ningún momento recibió una razón lógica para la cancelación del programa y aunque señala como culpables directos al personal de Gobernación, al final fueron los dueños de las frecuencias 99.1 FM, 97.7 FM y 106.5 FM, los que sacaron del aire dicho noticiero.
Esta penosa situación vuelve a poner en debate las practicas informativas de la industria radiofónica. Se trata, pues, de un caso controversial, con muchas aristas, y sobre todo con preguntas de carácter ético que aún siguen en el aire. ¿Es ético que un periodista grabe llamadas telefónicas sin hacerlo del conocimiento de sus interlocutores, en pos de hacer evidente un delito? ¿Los departamentos de comunicación gubernamental deben intervenir en la manera en que se transmiten las noticias en medios no institucionales? ¿A quién es válido entrevistar cuando una sociedad atraviesa conflictos sociales? ¿Cuál debería ser la posición de los concesionarios frente a estos problemas éticos?
